Descripción, características y valor económico de la falsificación en Italia.
El tráfico de productos falsificados es una amenaza en constante evolución, tanto en su alcance como en su escala. El comercio ilícito de productos falsificados plantea riesgos importantes para la innovación, la eficacia de las empresas y el bienestar de los consumidores, al tiempo que constituye una fuente de ingresos esencial para la delincuencia organizada.
Para los consumidores, la falsificación supone importantes peligros para la salud, la seguridad y la intimidad, y también puede afectar la satisfacción del consumidor involuntario cuando éste compre productos falsificados de mala calidad.
Para los titulares de los derechos y los comercios minoristas legítimos, la falsificación provoca graves pérdidas económicas y, a largo plazo, erosiona el valor de la marca.
Para los gobiernos, la falsificación supone pérdidas fiscales, un aumento del desempleo y mayores gastos para garantizar el cumplimiento de la legislación contra la falsificación y para hacer frente a las amenazas a la seguridad pública y a las distorsiones del mercado laboral. En el caso de Italia, es decir de una economía moderna, innovadora y orientada a la exportación, se trata de un fenómeno especialmente perjudicial. El "Made in Italy" es, en sí mismo, una marca internacional valiosa y los falsificadores son conscientes de ello.
La palabra "falsificación" se utiliza a menudo en el lenguaje común para identificar diferentes fenómenos que no son homogéneos. Desde un punto de vista no jurídico, la definición de falsificación podría entenderse como el acto de falsificar, atribuible a la actividad de alguien que produce algo de tal manera que puede ser confundido con el original.
Desde el punto de vista jurídico, conviene precisar que el concepto de falsificación es un concepto genérico que recuerda la idea de imitación fraudulenta o falsificación de cualquier mercancía, por lo que las disposiciones incriminatorias relativas a las hipótesis de falsificación son muy numerosas tanto en el código penal como en la legislación especial.
Las violaciones que caracterizan a este segmento son cada vez más relevantes en nuestro país.
Un reciente estudio de la OCDE destacó que Italia produce productos de alta calidad y obtiene importantes beneficios económicos de su propiedad intelectual y sus marcas. Esto determina que sea especialmente vulnerable a los efectos perjudiciales de la falsificación que afectan directamente a los titulares de derechos e, indirectamente, a todo el mercado "made in Italy".
El comercio mundial de productos falsificados y pirateados, en violación de las marcas registradas italianas, alcanzó 24.300 millones de euros en 2019, lo cual constituye el 3,6% de las ventas totales del sector manufacturero italiano (nacional más exportaciones).
Los sectores más afectados, en términos absolutos, son: la confección, el calzado, la marroquinería y productos afines, y los productos eléctricos y de electrónica óptica. En términos relativos (como porcentaje del comercio total de una determinada categoría de productos), los electrodomésticos, los equipos electrónicos, la perfumería y los cosméticos, la ropa y los artículos domésticos, culturales y de entretenimiento, como juguetes, juegos, libros e instrumentos musicales, relojes y joyas, fueron los productos más falsificados en todo el mundo.
En los últimos años, los falsificadores se han concentrado en sectores manufactureros italianos clave, como la confección, el calzado y la marroquinería y los productos ópticos.
Por ejemplo, la industria italiana de la confección ha perdido casi el 10% de las ventas debido a la falsificación de sus productos en todo el mundo.
China, Turquía y Hong Kong (China) son los principales países de origen de las mercancías falsificadas y pirateadas que infringen los DPI de los propietarios italianos.
En 2019, el mercado de productos falsificados en Italia alcanzó una cifra de 7.000 millones de euros, lo que corresponde al 2,1% de las importaciones del país. La intensidad de la falsificación en Italia varía considerablemente en relación con las categorías de productos.
Las estimaciones del daño causado a los consumidores en Italia por el fraude en el mercado primario ascendieron a casi 6.700 millones de euros en 2019.
La caída de las ventas debida al mercado de la falsificación en Italia se traduce en menores ingresos para el Estado, derivados del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto de sociedades (IRES), el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPEF) y las cotizaciones a la seguridad social. En 2018, la pérdida de ingresos fiscales del sector minorista y mayorista ascendió a 1.700 millones de euros, es decir, el 0,5 % de los ingresos totales del Estado.
(Fuente de datos: "El comercio de productos falsificados y la economía italiana - OCDE 2021)
La actividad del Cuerpo finalizada a proteger el mercado de bienes y servicios, se concreta en acciones de lucha contra los fenómenos de falsificación de marcas registradas, usurpación de indicaciones de origen y calidad de los productos, declaraciones falsas sobre la correspondencia de los productos con las normas de seguridad previstas.
En estos ámbitos, en 2020, las Unidades operativas realizaron más de 5.000 intervenciones y ejecutaron más de 2.000 mandatos de las Autoridades Judiciales, denunciando a 2.268 -de los cuales 17 fueron detenidos- e incautando cerca de 157 millones de productos industriales falsificados, con indicaciones falsas de Made in Italy, inseguros, así como grandes cantidades de productos alimenticios con marcas falsas o indicaciones no veraces.
En la era del mercado global, el fenómeno de la falsificación y la seguridad de los productos tiene un alcance internacional y es muy cambiante. Las estrategias de producción y distribución cambian, de hecho, en función de las actividades de prevención y lucha llevadas a cabo por las autoridades competentes, pero también en relación con las diferentes especificidades socioeconómicas de un territorio.
La actividad del Cuerpo durante 2020 se orientó también a combatir la comercialización ilegal de dispositivos de prevención de infecciones. Esto llevó a la incautación de unos 75 millones de mascarillas y equipos de protección personal, cerca de 1 millón de envases y 160 mil litros de desinfectantes (vendidos como desinfectantes), a la denuncia de 1.585 personas por delitos de fraude en el comercio, venta de productos con signos engañosos, falsificación, recepción de mercancías robadas, fraude y maniobras especulativas con mercancías, y a la detección de infracciones administrativas en 310 casos.
